La pandemia y sus estados de alarma han trastocado la normalidad ciudadana y la normalidad democrática. A las pérdidas de vidas humanas, alteración de la salud y secuelas de toda índole, le han acompañado una restricción de libertades y derechos ciudadanos y una crisis económica sin precedentes, al tener que destinar, adaptar o crear infraestructuras, dotaciones de medios y personas y poner toda la maquinaria del Estado, comunidades y municipios a la consecución del fin prioritario e ineludible de la defensa de la salud de los ciudadanos.
En este contexto, la pandemia nos robó casi dos años de nuestras vidas, de forma muy diversa pero inexorablemente perjudicial para todos. Las instituciones, como los ciudadanos, también se vieron afectadas de manera grave y los ejecutivos de todas las administraciones se vieron desbordados ante la magnitud de la catástrofe que nos robó a casi cien mil compatriotas y dejó un número incalculable de damnificados y perjudicados.
Dentro de este contexto de pandemia posiblemente se cometieron muchos errores y posiblemente todo podría haberse hecho mejor, pero lo que resulta innegable es que el país en su conjunto supo sufrir y colaborar junto con sus gobernantes, que con muchos errores y tantos o más aciertos, consiguieron controlar primero y reducir después la incidencia hasta niveles permisibles desde el punto de vista sanitario y de salud pública.
De la misma manera, las fuertes sumas de dinero destinadas a afrontar y mitigar los efectos de la pandemia han generado un incremento del déficit y endeudamiento de las arcas públicas, que, dentro del contexto económico actual agravado por la crisis provocada por la guerra de Rusia contra Ucrania, nos llevará mucho tiempo corregir y lo sentiremos en nuestros bolsillos de manera directa o indirecta, con la reducción de ingresos y la precarización de servicios públicos.
La sensación de pérdida de dos años en nuestras vidas, es extensible a la perdida de gestión institucional, pues ninguno de los gobiernos que conforman las instituciones de nuestro Estado asumieron las responsabilidades de gobiernos para una hecatombe de tamaña naturaleza y todos se vieron obligados a anteponer y priorizar la lucha contra la pandemia a la gestión de los asuntos domésticos y ordinarios de sus respectivos territorios.
En la vida y en la gestión democrática, no es posible prorrogar el tiempo perdido, pero sí sacar enseñanzas con las que ser consecuentes y, sin perder la razón de la crítica, primar a los que han estado en primera línea luchando al unísono contra las adversidades con sus luces y sus sombras, pero con innegable esfuerzo, y castigar a los que desde la distancia con soflamas, voxceando y sin despeinarse, pretenden recoger los frutos que no han sembrado y patrimonializar la defensa de los intereses ciudadanos a los que dicen representar con discursos rancios de la ultraderecha recalcitrante.
La prórroga en las instituciones democráticas no está contemplada en nuestros códigos electorales, pero nuestro voto soberano sí puede y debe evitar que Vox y la ultraderecha que postula, ni gobierne, ni sea llave, ni tenga más espacio que el de las cavernas que predica.
Y en esas nos encontraremos para la próxima cita electoral en Andalucía, donde si el voto ciudadano no lo evita, el Partido Popular estará encantado de coger la llave de la ultraderecha y blanquear a Vox para seguir en el poder.