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  • Juan Clavero Salvador.


A veces, la realidad supera la ficción, el pasado mes de mayo a una empresa constructora que procedía a la demolición de la residencia de tiempo libre de Cádiz. No se le ocurrió otra cosa que verter todos los escombros en el bosque mas valioso que tenemos en El Puerto que es el Rancho Linares. Cuando la obligación legal es llevarlo a una planta de reciclaje que existe muy cerquita en el propio Puerto de Santa María.

Cuando estos hechos se denuncian al ayuntamiento por parte de Ecologistas en Acción, por el Seprona, por la junta de Andalucía y por la propia asociación de empresarios de reciclaje, el señor jefe de servicio de medio ambiente lo que hace es decir que él es incompetente en el vertido de escombros. Este señor se declara claramente incompetente y lo remite a urbanismo. Este dice que el único problema es la falta de licencia cuando una ordenanza de vertidos municipal es multa hasta con 13.000 euros. Los vertidos a los espacios sean públicos o privados de residuos sin la autorización respectiva. Por tanto este señor o desconoce sus propios reglamentos o incurre una manifiesta prevaricación.

Por otro lado, cuando se exige la retirada de estos escombros que es obligación legal. Ya que incluso a otro empresario en el polígono de las salinas muy cerquita, por rellenar una parcela con escombros, le impusieron 13.000 euros y la retirada de los escombros. Cosa que es obligación, pues resulta que no, que aquí la concejala de urbanismo, Danuxia Enciso lo que hace, les autoriza que esos mismos escombros lo utilicen en la urbanización de el bosque. Cosa que sigue siendo ilegal porque el organismo competente para autorizar el reciclaje de escombros es la junta de Andalucía y además tiene que haber un estudio de impacto ambiental previo que no se ha hecho. Por tanto esta señora que ya aprobó un proyecto de urbanización sin estudio de impacto ambiental de forma ilegal vuelve a incurrir en una manifiesta ilegalidad autorizando este reciclaje de escombros sin haberse sometido a evaluación de impacto ambiental.
Los ecologistas en acción le han notificado todas estas irregularidades al alcalde solicitando la anulación de todas estas autorizaciones. Pero también que tomen medidas disciplinarias e incluso que remita la fiscalía estas actuaciones porque pueden ser motivo de delito. El señor Beardo verá que es lo que hace, si encubrir a los de siempre o actuar. Ya se sabe que en El Puerto un anterior alcalde y varios concejales de urbanismo fueron inhabilitados en la mayor parte por denuncias de ecologistas en acción por encubrir prevaricación. Así que el señor Beardo, que se lo piense.

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