-
La líder de la banda es una mujer española de 50 años popularmente conocida por los investigadores desde hace más de dos décadas por sus numerosos antecedentes.
El grupo actuaba en las provincias de Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, así como en algunos países europeos, como la República Checa y Suecia.
Su centro de operación estaba en Guardamar del Segura (Alicante), donde tenía constituido un despacho en el que trabajaban abogados. Sin embargo, según la Guardia Civil, era «una tapadera» que no tenía otra actividad más allá de gestionar las estafas.
En apenas ocho meses de actividad, esta banda ha blanqueado casi un millón y medio de euros, exclusivamente por transferencia bancaria.
Los agentes realizan ocho registros en viviendas de diferentes municipios alicantinos, donde fueron incautados 60.000 euros en efectivo, numerosas piezas de alta joyería valoradas en 50.000 euros, dos vehículos de alta gama y gran cantidad de aparatos de tecnológicos.
También han sido intervenidas y bloqueadas diez cuentas bancarias empleadas por la red para blanquear los beneficios que obtenían.
La líder de la banda, altamente jerarquizada, es una mujer española de 50 años, popularmente conocida por los investigadores desde hace más de dos décadas por sus numerosos antecedentes y que ha cumplido pena de prisión por estafas anteriores.
Esta mujer, que padece una minusvalía física por la que necesita hacer uso de silla de ruedas y es dependiente, se hacía pasar por hija ilegítima de Franco o del rey emérito con la finalidad de ganarse el aprecio y la compasión de sus amigos y conocidos para captar a sus víctimas, a los que les contaba que era heredera de grandes fortunas.
Llevaba un alto nivel de vida y contaba con más de quince empleados que desempeñaban todo tipo de servicios personales para ella.
Los integrantes de este grupo criminal buscaban en Internet propiedades inmobiliarias de diverso tipo en venta. Después ofertaban su adquisición a potenciales inversores como una ganga. Aproximadamente al 20 % de su valor en el mercado, y lo presentaban como una gran oportunidad de mercado.
Si los posibles inversores estaban interesados, debían formalizar una reserva inmediatamente, sin ni tan siquiera visitar la propiedad.
Cuando la víctima se decidía a comprar, el grupo criminal formalizaba la reserva de la propiedad con la inmobiliaria que realmente publicitaba la venta. Mientras los estafados les abonaban el total de la propiedad inmediatamente.
El supuesto precio de las viviendas oscilaba entre 25.000 y 40.000 euros.
Cuando los estafadores cobraban, la adquisición del inmueble no se materializaba y desaparecían sin devolver a la víctima lo que les había pagado.
Según la Guardia Civil, el personal empleado al servicio de los miembros de la organización recibía remuneraciones de 4.000 euros mensuales. Sin embargo, incluso ellos son estafados, pidiendo préstamos para adquirir algunas de las viviendas ofertadas.
La operación continúa abierta y no se descarta que se puedan localizar más víctimas de esta estafa piramidal.